En la sesión del Congreso local se tocó el tema sobre la solicitud del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza para la autorización de contratar mil 900 millones de pesos de deuda, que se sumarían a los 42 mil 134.7 millones que ya se deben.
Son dos iniciativas las que fueron enviadas y una de ellas señalan que dicho préstamo, es para que los municipios puedan gestionar créditos por hasta 25% de los ingresos que reciban por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019, el cual, será considerado como fuente de pago y fideicomiso de administración y pago para los ayuntamientos.
Asimismo que los financiamientos que se plantean contratar: uno de mil 266 millones 660 mil pesos, se destinarían para fortalecer el sector comunicaciones y elevar la competitividad de la entidad con mejoras a la movilidad y a la economía; y 633 millones 340 mil pesos serían para fortalecer la infraestructura hidráulica y la obra pública.
Por lo que el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal -en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al financiamiento mencionado- el monto para el servicio de la deuda bajo los términos contratados hasta su total liquidación, además de que el monto autorizado podrá ser ejercido por el estado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
La segunda iniciativa enviada por el Ejecutivo mexiquense, indica que los Ayuntamientos gestionen créditos, estos deberán contar con autorización del Cabildo y el recurso, deberá destinarse a obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, particularmente en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura.
De igual forma se dio a conocer que cada municipio podrá contratar los créditos a más tardar el 20 de septiembre de 2020, y en cualquier caso deberán haberse pagado en su totalidad el 31 de diciembre de 2021, además de que los ayuntamientos podrán negociar con la institución que se acredito en los términos y condiciones, a excepción de la tasa fija.