Diputados de la fracción parlamentaria de Morena, de la LX Legislatura Local propusieron, en la primera mesa de análisis para enriquecer la iniciativa de ley para Protección de Periodistas en el estado de México, elevarla a rango constitucional como una profesión de interés público, con medidas de protección y garantías plenas de libertad de expresión.
Lo anterior durante la Conferencia Magistral “Ley de Protección a Periodistas: Una mirada desde el análisis internacional de Francesco Forgione” -donde estuvieron presentes periodistas que forman parte de diferentes medios de comunicación- se abordó la necesidad de que las autoridades de todos los niveles deben de brindar todas las facilidades para realizar su labor.
En su oportunidad diputada Azucena Cisneros Coss, refirió que ante la alarmante violencia que se ejerce contra el gremio, en el Estado de México los diputados no pueden ser omisos.
“Este encuentro convocado por Morena, es un primer acercamiento para escuchar las inquietudes del gremio periodístico en la entidad, para abrir el debate, y acudir a reuniones regionales con reporteros, además de tomar en cuenta la opinión de especialistas y expertos internacionales, para concretar la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México”.
Por su parte, el también legislador Max Correa destacó que la iniciativa de ley de protección a periodistas que está en construcción, abrirá brecha para mejorar la profesión en la entidad, con mejores condiciones laborales y entrar en el tema de reglamentar la contratación y seguimiento de publicidad.
Mientras tanto Francisco Forgione, escritor y ex presidente de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano compartió el modelo exitoso para combatir al crimen organizado, mediante la confiscación de recursos y bienes que son destinados para la intervención social y reparación de daño a víctimas, y fundamentalmente con un sistema de justicia independiente.
Forgione refirió que en Italia la ley de protección se aplica como si fueran testigos de justicia, se garantiza su trabajo en su territorio, en los periódicos, con coches blindados, y cuerpos profesionales de seguridad.
“Cuando hay una noticia de riesgo, el Estado tiene que asumir la responsabilidad de la protección, y con una ley que garantice la protección, con una previa evaluación del peligro”.
El periodista José Reveles, y director de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Dirección General de Estrategias para la Atención en Derechos Humanos de la SEGOB, indicó que será difícil revertir en corto plazo la tendencia de violencia que vive el país, por el cruce de grupos violentos en diversas entidades del país.
Finalmente el periodista, Rogelio Hernández López consideró que, de las 19 leyes de protección a periodistas que existen en el país, no son eficaces y les falta operatividad, pues muchas se han desvirtuado, por ejemplo en Guerrero se convirtió en una “Ley Chayo”, donde 44 organizaciones de periodistas se disputan un presupuesto de tres millones de pesos.