Araceli Casasola Salazar, diputada local del PRD dijo que el Poder Legislativo está obligado a realizar modificaciones a la ley para que todos aquellos estudiantes mexiquenses, que cuentan con capacidades diferentes, tengan un soporte económico que les permita continuar con su preparación educativa.

Lo anterior al considerar que al reformar el Artículo 12 de la Ley de Educación, en su fracción IX  y 37 de la  Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en su fracción X,  se podrá garantizar que cientos de estudiantes que tienen alguna discapacidad, puedan continuar con su preparación académica ya que se les otorgará una beca económica de forma permanente.

Esta, dijo, es una de las iniciativas más justas y nobles presentadas por la fracción parlamentaria del PRD, en la Cámara de Diputados del Estado de México,  ya que al proponer un programa estatal de becas educativas que atiendan de manera permanente a los alumnos que  se encuentren inscritos en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o licenciatura, así como la educación inicial y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles educativos, será de gran ayuda.

Asimismo Casasola Salazar, mencionó que siguen los trabajos legislativos por internet, la relevancia que significa para miles de familias la posibilidad de recibir una beca para que sus niños, adolescentes y jóvenes tengan un respaldo económico de las instituciones del Gobierno del Estado de México, por mandato del Poder Legislativo.

“Los alumnos con discapacidad, son la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida, a estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados”.

Esta dura realidad, dijo, puede ser modificada si el Poder Legislativo del Estado de México, obligando al Poder Ejecutivo a diseñar una política pública que garantice el otorgamiento de una beca permanente.

“Una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, éstas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades”, concluyó.