El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que en México seis de cada 10 casos, después de la respectiva denuncia, son remitidos al archivo temporal, figura jurídica cuyo uso generalizado se ha traducido en una “congeladora legal”, donde los casos son enviados para esperar su prescripción.
De acuerdo con el Instituto, este mecanismo utilizado por las fiscalías “disimula la ineficiencia de la labor de las mismas, el rezago de expedientes, y la congestión en sede ministerial”, según datos de su estudio “Nueve años de ocurrencias en justicia penal: evidencias para entender las crisis de impunidad” en el estado de Morelos.
La explicación se desprende del seminario “Acciones para el fortalecimiento de la justicia penal en México”, realizado en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde especialistas del Sistema de Justicia Penal, para dar seguimiento a estos hallazgos, expusieron sus respectivas perspectivas y propuestas para la mejora de la procuración de justicia y evitar la impunidad.
A través de un caso que relata el día a día de las instancias de procuración de justicia en México, los especialistas hablaron de Rosa, una mujer trabajadora de ventas en línea que fue despojada de sus pertenencias en una parada de autobús. Dicha mujer, al acudir a la Agencia del Ministerio Público (MP) para denunciar el hecho fue revictimizada por el agente ministerial.
“Lo que sucedió a Rosa, es la experiencia general de las víctimas. En 2018, del total de delitos que se estima ocurrieron, sólo el 10.6 por ciento de estos fue denunciado y menos de la mitad tuvo algún resultado. La percepción de las víctimas en un 60%, es que denunciar es una pérdida de tiempo y que no se obtienen resultados. A ello, hay que sumar que usualmente en el proceso de denuncia se exige que comprueben la veracidad del hecho sufrido, problemática que se acentúa para las víctimas indirectas y que representa una violación a sus derechos humanos.”, indicaron.