Que la aplicación de la ley sea imparcial, ajena a tráfico de influencias y los deudores alimentarios sean responsables de sus obligaciones, así lo exigieron promotoras de la ley Sabina encabezadas por Diana Luz.
«La aprobación de la Ley 3 de 3 prohíbe a cualquier deudor alimentario ocupar un cargo de elección popular, pero es difícil porque puede que haya una sentencia».
En Almoloya de Juárez hay un ejemplo claro con el alcalde, pero además hay otros deudores que ahora van a buscar reelegirse o participar en una elección, expresó la activista.
También hizo mención del caso tal sonado de Toluca, del alcalde prófugo, Raymundo «N» quien argumenta que por cuestiones de covid-19 no se presenta a sesiones de Cabildo para no ser detenido.
Estos sujetos utilizan el tráfico de influencias y la corrupción que existe en el Poder Judicial y en los juzgados y a la fiscalía de Justicia que no tenga concesiones con ellos, concluyó.